Por: Andrés Klipphan — Según los datos del Gobierno aportados a la causa “comedores fantasmas”, la ex cartera de Desarrollo Social distribuyó el año pasado 18.685 toneladas de alimentos secos a los movimientos sociales. Piden que se investiguen a los funcionarios que no controlaron el destino de la comida.
Las organizaciones piqueteras, como el Polo Obrero y Libres del Sur, en 2023, fueron las más beneficiadas por el Gobierno de Alberto Fernández en el reparto de alimentos para distribuir a los comedores comunitarios que administran. El dato se conoce después de que Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, denunciara ante el juzgado de Ariel Lijo que casi la mitad de los comedores que auditaron “no existen”. Leila Gianni, subsecretaria legal de esa cartera, presentó ante Ramiro González, el fiscal que tiene delegado el expediente, planillas Exel en la que figuran 1.201 “comedores fantasmas” que administran la mayoría de los movimientos sociales que integran la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y de izquierda.
“Estos comedores, que estaban en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos (RENACOM) eran representados por organizaciones sociales, siendo estas las que recibían los alimentos secos o el dinero, según el caso. Una vez recibido dinero o alimentos, no existía un control por parte del Estado nacional sobre si los comedores que estas organizaciones aducían representar los recibían”, sostuvo Gianni ante la fiscalía.
La segunda organización que más alimentos recibió fue Libres del Sur, la organización que tiene como principal dirigente a Silvia Saravia. A ese movimiento, que suele marchar junto a la Unidad Piquetera, recibió 3.337 toneladas de alimentos. En los documentos esa organización figura como Asociación Civil Empoderando Comunidades- ACEC.
Según explicaron a Infobae desde este movimiento social, la diferencia en el nombre es porque “desde el Ministerio, para tramitar ciertos tipos de alimentos, te piden hacerlo con una asociación civil”.
Otra organización de izquierda, Frente Darío Santillán-Corriente Nacional FDS, fue el tercer movimiento en recibir más alimentos secos. En este caso, en la planilla Exel entregada al fiscal González, figura a nombre de la Asociación Civil Galpón del Sur. A ese movimiento le fueron derivados 1.356 toneladas de alimentos secos.
Un par de escalones por debajo, en el quinto lugar, aparece el Movimiento Evita, la organización que lidera Emilio Pérsico. La comida fue tramitada a través de la Asociación Compromiso por la Vigencia de los Derechos Humanos y Sociales.
A sus galpones fueron derivados 944 toneladas de alimentos. El Evita recibió otras 27 toneladas a través de la Cooperativa de Trabajo Evita Limitada.
Pérsico no era un dirigente social más durante el Gobierno de Fernández. Era el secretario de Economía Social. Tenía a cargo el programa Potenciar Trabajo y desde allí tenía la potestad de dar altas y bajas al programa más importante junto al alimentario. Ese programa era administrado por la dirigente de La Cámpora, Laura Valeria Alonso, Secretaria de Inclusión Social.
En la Casa Rosada están convencidos de que parte de los bolsones de alimentos que debían ser destinados a los más vulnerables, se utilizaban como herramienta de extorsión, para hacer política o para venderlos. En la causa que investigan el juez Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita hay testimonios, escuchas telefónicas y capturas telefónicas que abonan esas versiones.
En ese expediente hay 28 dirigentes imputados, 18 son del Polo Obrero. Las presuntas maniobras extorsivas “si no vas a la marcha, te doy de baja del Potenciar Trabajo”, habrían sido efectuadas contra beneficiarios de ese plan que asistían a comedores comunitarios de organizaciones sociales y piqueteras.
El Polo Obrero parece el más expuesto en la causa. Jerónimo Cantero, funcionario en la ex cartera de Desarrollo Social entre 2020 y abril de 2024 y mano derecha de Eduardo Belliboni, aparece en la cima de ese organigrama extorsivo. El ex candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad tendría un rol protagónico. El fiscal Ramiro González sostiene que Cantero ocupaba el escalón superior a los referentes de cada comedor. Intervenía en la toma de decisiones acerca de las exigencias coactivas y extorsivas a las víctimas.
Gianni, la subsecretaria legal de Capital Humano, describió ante la Justicia que “muchas” de las organizaciones que recibían dinero o alimentos “eran cooperativas creadas recientemente, sin historial alguno, y recibían la habilitación a través del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES)” que estaba a cargo de otro dirigente del Evita, Alexandre Roig.
La abogada también describió: “Una vez recibida tal habilitación, se presentaban en el Ministerio de Desarrollo Social para pedir líneas de crédito, en distintas materias, alimentos, guardapolvos -hechos que ya fueron denunciados y tramitan en este fuero, pero no vinculados a la presente (causa). Todo esto indica que pareciera ser un plan sistemático para cometer varios hechos de corrupción contra el pueblo argentino, violentando derechos humanos como la alimentación, la libertad, la dignidad y el trabajo de los sectores más vulnerables.
Alimentos S.A
La información exclusiva desplegada en esta nota surge de la ampliación de denuncia realizada por el Ministerio de Capital Humano ante la fiscalía que investiga los “comedores fantasmas” y fueron analizados por la Unidad de datos de Infobae.
Este medio también chequeó la cantidad de toneladas distribuidas a las organizaciones sociales a través de ex funcionarios de la entonces cartera de Desarrollo Social.
Al Movimiento Evita le sigue en el ranking de alimentos recibidos la Cooperativa de Trabajo MIJP Limitada. Se trata del Movimiento Independiente de Jubilados desocupados, que está vinculado al Polo Obrero y al Partido Obrero. Recibieron 609 toneladas de alimentos.
La Corriente Clasista y Combativa que forma parte de la UTEP y cuyo coordinador nacional es el ex diputado, Carlos Alderete, recibió miles de kilos de alimentos desde varias asociaciones.
Al Frente Popular Darío Santillán, que integra la UTEP, le fueron derivados 377 toneladas de bolsones de alimentos secos a través de la Asociación Civil Pachamama.
Esa organización está referenciada en Dina Sánchez, la secretaria adjunta de la UTEP. Una organización cuyo secretario general es Alejandro Gramajo, dirigente del Movimiento Evita.
Inmediatamente después aparecen las organizaciones vinculadas al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) referenciado en Juan Grabois, el ex precandidato presidencial de Unión por la Patria. La Asociación Civil el Amanecer de los Cartoneros recibió, por parte del gobierno de Alberto Fernández, 364 toneladas.
La Federación de Tierra Vivienda y Hábitat, liderada por el dirigente kirchnerista Luis D’Elia, recibió desde la Cooperativa de Trabajo USO 327 toneladas de alimentos. La lista continúa.
En la denuncia penal, Capital Humano afirma que “varios comedores fueron inscriptos por diferentes organizaciones sociales” y que solo el 8% de las partidas de alimentos que salían de los depósitos de la ex cartera de Desarrollo Social hacia los galpones de las organizaciones sociales eran rendidas. Será la justicia quien deba confirmar esos datos.
Pettovello, apenas asumió en Capital Humano, le quitó el poder de la tercerización de los alimentos a los dirigentes sociales. Además, varios de ellos eran funcionarios. Cortó la distribución de alimentos, realizó una auditoría y volvió a reinscribir a los comedores. A los lugares verificados les entregó una tarjeta a la que se le giran fondos para adquirir los suministros que necesita el comedor. Se recarga después de cada rendición. Las organizaciones sociales insisten en que hay “miles” de merenderos desabastecidos y que no hay “comedores fantasmas”. Los funcionarios de La Libertad Avanza lo desmiente y solicitan que se investiguen a los ex funcionarios que no controlaron la “trazabilidad” de los alimentos. La tarea que tienen por delante jueces y fiscales es titánica.
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