“La obra social está matando a la gente, a la gente con discapacidad, a la gente que tiene problemas de salud y vive dependiendo de la obra social”. La advertencia es de Marcelo Robledo, quien requiere atención por trombosis en ambas piernas, denunció que pese a tener derivación médica a Buenos Aires y haber presentado toda la documentación en tiempo y forma, la obra social le niega el tratamiento. “Tengo siete stents, uso bomba de insulina y ellos desoyen todo. No contestan. Voy a terminar perdiendo la vida”, expresó con angustia.
Responsabilizó de lo que le pueda pasar, debido a su delicada salud, a las autoridades de la obra social de la provincia y cuestionó la falta de reacción judicial: “Apelo al gobernador, esto es una barbaridad”, dijo.
Sobre esta cuestión ni el gobierno de la provincia, ni las autoridades de la obra social se pronunciaron al respecto. Tampoco lo hizo el ministerio de Salud Pública. Hay que recordar que el IOSCOR como otros entes autárquicos de la provincia de Corrientes, llevan intervenidos treinta años, debería tener participación en sus directorios de representantes sindicales, de afiliados y de sindicatos en representación de los empleados públicos. Pero por la intervención, solamente es manejada por el Poder Ejecutivo provincial.
La semana pasada en Goya, una mujer embarazada, portadora del virus VIH y afiliada a IOSCOR (obra social de empleados públicos de Corrientes), tuvo que recurrir a la Justicia para garantizar la entrega de medicación antirretroviral tanto para ella como para su hijo por nacer, en el marco de un tratamiento preventivo que debía extenderse por aproximadamente un año y medio.
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