LOS MILLONARIOS MOVIMINETOS DE DINERO DE LA EMPRESA ARGENTINA PROVEEDORA DEL SISTEMA ELECTORAL EN VENEZUELA QUE ACTIVARON LAS ALERTAS DE LA “UIF”

Un reporte confidencial de la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina revela millonarios movimientos de dinero desde y hacia el exterior de la firma argentina Ex Clé, encargada de proveer la plataforma tecnológica de votación en las elecciones sospechadas de fraudulentas en Venezuela.

La detección de operaciones por montos “significativos” que salieron de Venezuela y pasaron por cuentas de la firma en bancos de Uruguay y Estados Unidos, encendieron las alertas de la Unidad Antilavado local. La firma es la dueña de las máquinas de votación y del software del escrutinio electrónico, que quedó bajo sospecha, luego de que el actual mandatario Nicolás Maduro se declarara ganador, sin haber mostrado ningún acta oficial que avalara esa proclamación, por un supuesto hackeo al sistema.

El Reporte de Operación Sospechosa (ROS) – al que tuvo acceso Infobae– es de 2019 y enumera los contratos de la empresa prestadora de servicios informáticos en Venezuela, así como los negocios que hizo con organismos nacionales y provinciales de Argentina. Entre ellos, se destacan las contrataciones con el Consejo Nacional Electoral (CNE) del país caribeño, su principal cliente y el ente encargado de los procesos electorales en Venezuela. El organismo concentró los cuestionamientos de fraude en las elecciones del 28 de julio pasado.

El ROS forma parte de una filtración anónima de documentos de la UIF argentina que dieron origen a una investigación periodística liderada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y de la que participó Infobae. La serie de notas reveló los negocios de empresarios argentinos con el gobierno chavista, mediante el fideicomiso bilateral entre ambos países firmado por Néstor Kirchner y Hugo Chávez, con sobreprecios que encubrieron el pago de sobornos a funcionarios venezolanos.

Ex Clé se dedica al desarrollo de de software y venta de equipos, y presta servicios de biometría, financieros digitales, de automatización electoral, y de digitalización de documentos. Sus principales clientes fueron y siguen siendo organismos gubernamentales de Venezuela y Argentina. Con una treintena de empleados informados, su sede está ubicada en el quinto piso de un edificio de la calle Paraguay Nro 1896, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. Según informa en su web, posee oficinas en el Municipio Sucre, en Caracas (Venezuela), y en el Barrio Carmelitas, en Asunción (Paraguay).

En las oficinas de Ex Clé en el 5to piso del edificio de Paraguay al 1800 nadie responde el teléfono que publica en su web

Ex Clé abrió en 2004 su primera oficina en Venezuela y, en 2009, fue contratada por la alcaldía del Municipio Libertador, en Caracas, para implementar el sistema de recaudación de impuestos.

En 2011, Ex Clé fue contratada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para implementar un sistema de autenticación biométrica de identidad de los electores, a los fines de actualizar la plataforma automatizada del voto de cara a las elecciones del año siguiente en Venezuela. Implicó la validación de identidad de 19 millones de electores y el monto del contrato ascendió a USD 11,1 millones, que debían pagarse “en un banco internacional de primera línea”. Fue el comienzo de una serie de fructíferos negocios con ese organismo electoral, que le implicaría a la empresa y a dos de sus directivos ser sancionados por Estados Unidos en 2020, “por el apoyo prestado al régimen ilegítimo de Maduro durante las elecciones fraudulentas” del 6 de diciembre de ese año.

El sistema se usó por primera vez en las elecciones presidenciales de octubre de 2012 en Venezuela, las últimas en las que participó el fallecido presidente Hugo Chávez, que resultó vencedor. Volvió a ser utilizado en los comicios de abril del año siguiente, que dieron ganador a Maduro frente a Henrique Capriles.

En 2014, Ex Clé firmó un nuevo contrato para el “Proyecto de Plataforma Integrada de Autenticación de Ciudadanos (PIAC)”, por otros USD 1.176.000. Dos años más tarde, la firma fue contratada por la Fundación Instituto de Altos Estudios del Poder Electoral, también dependiente del CNE, lo que le permitió cobrar otros USD 286.700 por el mismo servicio de “verificación biométrica y soporte técnico” de esa plataforma. Según el documento de la UIF, las contrataciones de Ex Clé con el Consejo Nacional Electoral detalladas sumaban, hasta el 2016, USD 21.443.540.

La expansión de sus negocios con el régimen chavista hizo que la empresa constituyera en mayo de 2016 una filial en Venezuela denominada Ex Clé Soluciones Biométricas CA. Sus accionistas fueron el presidente de la firma en Argentina, Guillermo San Agustín, dueño del 99%, y el venezolano Marcos Javier Machado Requena, propietario del 1% restante. Ya instalada en el país caribeño, la firma creó BioPos, un sistema para pagar con la huella dactilar en comercios de Venezuela.

En los comicios regionales de octubre de 2017, denunciados por la oposición venezolana como “fraudulentos”, Ex Clé reemplazó a la firma británica Smartmatic como proveedora de las máquinas de votación y la plataforma tecnológica del Consejo Nacional Electoral.Hasta ese momento, Smartmatic se encargaba del software y el hardware de votación, y Ex Clé de la identificación biométrica para la verificación de los ciudadanos al momento de emitir el sufragio.

Luego de las elecciones previas de julio de 2017 para la Asamblea Nacional Constituyente venezolana, Smartmatic había denunciado la manipulación de los resultados por parte del gobierno venezolano, a partir de detectar una diferencia de más de 1 millón de votos entre lo anunciado por el CNE y lo que arrojó el sistema de la firma, por lo que rompió la relación contractual con el régimen chavista.

Según el reporte de la Unidad Antilavado argentina, solo en 2017, Ex Clé cobró del Consejo Nacional Electoral venezolano cuatro órdenes de servicio por 70 millones de euros. “Por un lado resulta llamativo la moneda fijada en tales contratos, ya que usualmente en ese tipo de transacciones se fija como moneda de pago el dólar estadounidense. De hecho, todos los contratos anteriores suscriptos por la firma con organismos públicos venezolanos, incluyendo al propio CNE (con quien se vincula desde 2011), fueron en dólares”, advierte el informe de la UIF de 25 páginas. Dos de esas órdenes Ex Clé las cobró en una cuenta en el Banco Bandes Uruguay SA, en Montevideo.

Las elecciones regionales de 2017 fueron denunciadas por la oposición venezolana por su falta de transparencia (AFP)

En ese momento la presidenta del CNE era Tibisay Lucena Ramírez, que fue quien suscribió los contratos con Ex Clé. Lucena Ramírez fue incluida en julio del año 2017 en el listado OFAC (por Office of Foreign Assets Control en inglés) del Departamento del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos, junto con otros 12 funcionarios y ex funcionarios del gobierno de Venezuela. La Oficina de Control de Activos Extranjeros registra los nombres de personas y empresas señaladas de participar en maniobras de lavado de activos.

Infobae llamó reiteradas veces al teléfono de la oficina en Buenos Aires que figura en la web de Ex Clé, sin que nadie respondiera. También intentó contactar a la empresa y varios de sus directivos por mail, y por mensaje al celular de uno de ellos, sin respuesta.

La investigación titulada “El voto es secreto, tus datos no”, realizada por el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) Venezuela y publicada en agosto de 2018, reveló que la dirección y los teléfonos de la empresa Ex-Clé en ese país “no llevaban a ninguna parte”. También detectó que, en ese momento, la firma aparecía en el Registro Nacional de Contratistas (RNC) “como inhabilitada para contratar con el Estado y sin domicilio en Venezuela”.

Según pudo constatar Infobae, Ex Clé apareció recién como inscripta en el Registro Nacional de Contratistas a partir de junio de 2021.

Inscripción de Ex Clé en el registro nacional de Contratistas de Venezuela

Fundada en el 2000 en Estados Unidos por dos venezolanos, Smartmatic se despegó de las acusaciones de fraude en las elecciones de julio de 2017 e informó que la empresa “se limitó a entregar el software al Consejo Nacional Electoral, en presencia de los partidos políticos, durante la auditoría del código fuente”, pero “no participó en la programación de las máquinas de votación ni ofreció servicios de totalización”.

Posteriormente, Smartmatic demandó a Venezuela ante el CIADI por USD 1.5 billones “por la expropiación de sus activos que actualmente explotan el CNE y Ex Clé”, según precisó en respuesta a la consulta de Infobae esta nota. “El CNE de Venezuela expropió ilegalmente los activos tangibles e intangibles del grupo británico SGO (Smartmatic), en retaliación a la denuncia que efectuó el 2 de agosto de 2017, sobre la manipulación electoral de los niveles de participación en las elecciones de 2017. El CNE y Venezuela concluyeron abruptamente su larga relación con Smartmatic, y expropiaron los activos de la compañía de forma inmediata. Para ello se valieron, entre otros, de una serie de acuerdos forzados bajo coacción con la empresa argentina Ex Clé”. El arbitraje internacional aún no fue resuelto.

En Argentina, Smartmatic proveyó la tecnología para validar la identidad de los electores en provincias del norte del país y del Conurbano bonaerense en las elecciones legislativas de 2017. En las presidenciales de 2019, tuvo a cargo el escrutinio provisorio de los resultados, aunque fue cuestionada por el Partido Justicialista por sus presuntas fallas en procesos electorales en otros países.

El reporte de la UIF, por su parte, precisa otros contratos con entidades estatales del país caribñeo. En 2013 Ex Clé le proveyó tecnología biométrica para la verificación de identidad al Banco de Venezuela. Esa contratación ascendió a $3,4 millones, que fueron cobrados en una cuenta en el First United Bank, en Florida, Miami. El contrato fue firmado por Rodolfo Clemente Marco Torres, en ese momento presidente de la entidad estatal y ex ministro de Alimentación, y Ministro de Economía del régimen chavista, quien en enero de 2018 fue incluido en el listado OFAC del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos.

La misma modalidad de pago, a través de esa cuenta en Miami, se repitió en otras dos contrataciones directas de Ex Clé por parte de entidades bancarias estatales. Una realizada por el Banco del Tesoro, en abril de 2014, para “la automatización de transacciones en las oficinas bancarias” en Venezuela, por USD 2,2 millones; la otra, por el Banco Bicentenario-Banco Universal, entre septiembre de 2014 y enero de 2015, para la identificación biométrica de sus clientes por otros USD 3,1 millones.

El Banco de Bicentenario, en Caracas, fue una de las entidades bancarias estatales que contrató a Ex Clé en Venezuela (REUTERS)

En nuestro país, Ex Clé obtuvo sus primeros contratos en 2004 con las fuerzas de seguridad de las provincias de Río Negro y Tierra del Fuego, a las que les proveyó el sistema de identificación con huellas dactilares (AFIS). Figura como proveedora del Estado nacional desde 2009.

En 2015, fue contratada por la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) por $28 millones para la implementación del sistema biométrico “Mi huella” destinado al enrolamiento y verificación de la identidad de los jubilados. La firma fue beneficiada luego con otra contratación directa por $6,4 millones, en marzo de 2019, para brindar el “servicio de soporte y mantenimiento de la Plataforma Biométrica” del organismo. El contrato fue renovado en octubre de 2022, esta vez en dólares, porun monto que ascendió a casi USD 110.000,y prorrogado por la misma cifra en septiembre de 2023, a tres meses del recambio de gobierno.

Detalle de las últimas dos contrataciones directas de la firma Ex Clé por parte de la ANSES

En 2010, Ex Clé fue contratada por el gobierno de Mendoza para implementar el Sistema de Identificación Biométrica Cyclops en el Registro Civil. En esa misma provincia, en 2018, implementó Cyclops Salud, una base de datos con los afiliados de la obra social de los empleados públicos mendocinos (OSEP), y posteriormente, fue contratada por el Ministerio de Seguridad local.

A su vez, obtuvo contratos con el Registro de Reincidencia, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación; la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación y el Desarrollo Tecnológico; y el Servicio Meteorológico Nacional.

Del análisis de los balances de la empresa, la UIF destaca que en 2017 “la sociedad evidenció un crecimiento formidable” al pasar de un patrimonio neto de $16 millones a $170 millones ese año, lo que representó un incremento superior al 950%. Por sus negocios con organismos estatales venezolanos como el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, su principal cliente, la ganancia neta en 2017 de Ex Clé fue superior a $153 millones, cuando en el ejercicio anterior había sido de $1,74 millones.

En el informe de la UIF, se advierte que “parte de los significativos y crecientes resultados obtenidos por Ex Clé SA a partir de sus operaciones comerciales con Venezuela, fue derramada hacia los patrimonios personales de sus accionistas”.

Entre marzo y abril de 2018, Guillermo San Agustín “recibió dos transferencias en una cuenta en el Banco Santander Río por un total de USD 1.250.000 que corresponderían al pago de dividendos de Ex Clé relativos al ejercicio 2017″. Con esos fondos, según consigna la UIF, habría adquirido una casa en Av. De los Incas al 3.800, en el barrio porteño de Belgrano, por USD 980.000, y un Peugeot Modelo 5008 Allure Plus Triptonic valuado, en ese momento, en $1,1 millones. En el reporte del organismo antilavado se menciona que, según su cédula de identidad venezolana fechada en octubre de 2013, San Agustín tenía para esa época la condición de residente en ese país.

En relación a su hermano Eduardo San Agustín, la Unidad Antilavado destacó que se acogió al blanqueo dispuesto en 2016, y exteriorizó activos por un monto superior a $31,4 millones.

En el ROS de la UIF al que accedió Infobae se detallan movimientos de Ex Clé en dos cuentas en la sucursal Congreso del Banco Santander. En la cuenta corriente en pesos, recibió $38 millones en un año, entre enero de 2017 y febrero de 2018. De esta cifra, más del 70% ($27 millones) provino de la liquidación de órdenes de pago recibidas desde el exterior. Otros $4,8 millones provinieron de giros de organismos estatales argentinos, como la Tesorería General de la Provincia de Mendoza, la Agencia Nacional de Promoción, el Poder Judicial y la ANSES.

En tanto, en la cuenta en dólares de ese banco, tuvo acreditaciones por USD 12 millones en poco más de tres meses, entre finales de octubre de 2017 y principios de febrero de 2018, también por órdenes de pago provenientes del exterior. De ese monto, casi 9,7 millones de euros (equivalentes a USD 11,5 millones) provinieron de una cuenta de la propia Ex Clé en el Banco BANDES radicada en Uruguay, “donde realizaría la cobranza de los servicios prestados a entidades gubernamentales de Venezuela”, y los otros USD 550.000, de otra cuenta propia en Estados Unidos.

De la cuenta en dólares de Ex Clé en el Santander, la UIF detectó que USD 490.000 fueron extraídos en efectivo y que, previo a su cierre, se efectuó una transferencia de USD 7.900.000 al Banco Credicoop en la Ciudad de Buenos Aires, donde también operaba la firma. El resto de los fondos fue transferidos al exterior. Así, aparece un giro de USD 1,1 millones a una empresa de venta de cubiertas para vehículos con sede en Miami (Milennium Autoparts INC), que “no evidencia relación con la actividad desarrollada por Ex Clé SA.

También se mencionan acreditaciones en otra cuenta en el Banco Credicoop en el primer semestre de 2018 por USD 13,7 millones, de los cuales 4,8 millones de euros (USD 5,8 millones) provinieron de una cuenta propia en Uruguay. “Si bien se detectó que Ex Clé SA poseería clientes y/o proveedores en Estados Unidos, no se advierte que haya operado comercialmente en Uruguay, por lo que los productos bancarios radicados en ese país tendrían como única finalidad la canalización de fondos provenientes de otros países, destacando que al menos desde mediados de 2017, la totalidad de los fondos que recibió la firma en ese país provino de organismos públicos venezolanos”, se lee en el reporte elaborado por los analistas de la UIF.

Las transferencias tuvieron como beneficiarias también a la empresa petrolera Venro Corporation (USD 357.509) y ala panameña Americana de Cauchos (USD 370.240). “Se examinaron transferencias con múltiples destinatarios en diferentes países por la compra de bienes y servicios, destacando la detección de casos en los que la actividad desarrollada por los beneficiarios de los movimientos no se relacionaría con la desarrollada por la compañía investigada”, se lee en el reporte del organismo antilavado.

La UIF también destacó dos transferencias en abril de 2018 por un total de USD 182.645 a una cuenta de Smartmatic International Holdking BV en los Países Bajos.

La última referencia a sus “hitos” en su desarrollo empresario es de 2019. Al año siguiente, tras proveer su software para las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2020, la filial venezolana fue sancionada por Estados Unidos, junto a dos de sus representantes, “por el apoyo prestado al régimen ilegítimo de Maduro durante las elecciones fraudulentas”.

Estados Unidos incluyó a Ex-Clé Soluciones Biométricas CA, a su presidente, Guillermo San Agustín, y su socio Machado Requena, en la lista de Ciudadanos Especialmente Designados (SDN, por su sigla en inglés), y sus activos en territorio norteamericano quedaron congelados. La sanción también implicó la prohibición para ciudadanos estadounidenses de realizar negocios con ellos.

La acusación contra la empresa fue la de “haber ayudado al Consejo Nacional Electoral, del que se ha apropiado Maduro, a comprar miles de máquinas de votación a China, enviando pagos a través del sistema financiero ruso”.

www.infobae.com