Desde que asumió como juez federal, en 2004, fue denunciado 32 veces ante el Consejo de la Magistratura: 29 de esos expedientes fueron desestimados o archivados y 3 permanecen abiertos. También fue denunciado por asociación ilícita ante la Justicia, pero resultó sobreseído.
El juez federal, postulado por el gobierno de Javier Milei para la Corte Suprema, se presentó este maryes ante la Comisión de Acuerdos del Senado para el tratamiento de su pliego. Su nominación pasó por el proceso de adhesiones e impugnaciones.
Distintas organizaciones de la sociedad civil, al impugnar su candidatura, señalaron que es uno de los jueces de Comodoro Py con menor cantidad de causas de corrupción elevadas a juicio y con mayores demoras en los expedientes que tramitan en su juzgado.
Desde que asumió como juez federal, en 2004, fue denunciado 32 veces ante el Consejo de la Magistratura: 29 de esos expedientes fueron desestimados o archivados y 3 permanecen abiertos. También fue denunciado por asociación ilícita ante la Justicia, pero resultó sobreseído.
El juez federal Ariel Lijo asistirá hoy a la audiencia de la Comisión de Acuerdos del Senado en la que se tratará su pliego para ser nombrado ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Su postulación ya pasó por el proceso de impugnaciones y adhesiones que prevé la normativa vigente y ahora es el turno de la Cámara alta, que deberá avalar o rechazar su nombramiento.
Por su perfil, su trayectoria y su condición de juez en expedientes sensibles, es la postulación que generó más controversia en el ambiente político (la otra postulación es la de Manuel García-Mansilla, que será tratada el miércoles 28 de agosto).
Datos sobre Lijo, su trayectoria, antecedentes y desempeño.
1) Más de 3.500 adhesiones y 328 impugnaciones a su candidatura
Durante el período de avales e impugnaciones a presentar ante el Ministerio de Justicia, la postulación de Lijo sumó 3.578 adhesiones y 328 impugnaciones, según un informe del ministro del área, Mariano Cúneo Libarona.
Por otra parte, desde que su pliego ingresó a la Comisión de Acuerdos del Senado, se realizaron ante este cuerpo 51 presentaciones. De ese total, 34 fueron impugnaciones, y el resto se divide entre adhesiones y observaciones.
En su respuesta por escrito al Senado, tras ser notificado de las presentaciones, Lijo señaló: “Entiendo que he dado cabal demostración de que muchas de las presentaciones vistas sólo expresan las opiniones de los impugnantes respecto de la tramitación o resolución de una causa determinada en un espacio impropio para ello; o se tratan de críticas generalizadas al funcionamiento del sistema institucional establecido por la Constitución nacional y las leyes dictadas por el Congreso nacional”.
2) En 20 años como juez, tuvo a su cargo 89 expedientes de corrupción y elevó 14 a juicio oral
La mayor parte de las críticas a la postulación de Lijo para la Corte están relacionadas con su idoneidad y una presunta falta de ética. Pero varias organizaciones de la sociedad civil que impugnaron su candidatura también pusieron foco en su desempeño como juez y en la eficacia o ineficacia del juzgado que encabeza.
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) analizó los expedientes disponibles en el Observatorio de Corrupción del Centro de Información Judicial (CIJ), que depende de la Corte Suprema. Según la ACIJ, los datos reflejan que Lijo tuvo a su cargo 89 expedientes de corrupción en sus 20 años como juez federal. De ese total, 63 están catalogadas como “cerradas”, es decir que fueron elevadas a juicio, o los imputados fueron sobreseídos o se les dictó la falta de mérito.
Las 26 restantes continúan abiertas. Según la ACIJ, la mitad de esos casos (13 expedientes) llevan más de 10 años de duración, y otros 12 expedientes tienen entre 7 y 9 años de iniciados. En términos absolutos, es el juez que menos causas de corrupción elevó a juicio (en términos relativos, el cuarto).
Además, de las 8 causas bajo la órbita de Lijo en la que uno de los imputados era un presidente o ex presidente, sólo una llegó a juicio: el Caso Siemens, en el que sólo fueron procesados empresarios e intermediarios, pero no funcionarios. “Como resultado de este análisis, se observa que la gestión de Lijo ha sido, cuanto menos, inefectiva”, señala la ACIJ.
El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), al presentar su impugnación, señaló que la Justicia Federal porteña no publica estadísticas de funcionamiento desde 2012. Por eso, analizó las estadísticas de los últimos 3 años disponibles: de 2010 a 2012. Así, concluyó que de los 12 juzgados federales de primera instancia de Comodoro Py, el de Lijo es el de menor “tasa de resolución de casos”, es decir, la relación entre causas ingresadas y causas elevadas a juicio o sobreseídas.
También, señala que, de acuerdo con datos originados en una auditoría realizada por el Consejo de la Magistratura de 1998 a 2016, el de Lijo es el juzgado con más demoras en causas de corrupción: el 22,2% de los casos (en trámite o resueltos) registran 6 o más años de duración.
3) Fue denunciado 32 veces ante el Consejo de la Magistratura
Según la ACIJ, de los 8 jueces de primera instancia de Comodoro Py (son 12 juzgados pero hay 4 vacantes), Lijo es el tercer juez que más denuncias recibió, tanto en términos absolutos como relativos (denuncias por año). Son un total de 32 denuncias.
La asociación señala que en algunos expedientes “no se han realizado medidas de prueba” y “ninguna denuncia en su contra ha concluido en una sanción, sino que la mayoría fueron rechazadas in limine” (es decir, sin darles tratamiento), aunque “estas son prácticas frecuentes en el Consejo de la Magistratura” ya que entre 1998 y 2019 el 94,14% de las denuncias fueron desestimadas, “mientras que solo en un 1,2% de los casos se aplicó una sanción a un juez o jueza”.
En resumen, de las 32 denuncias, 16 fueron desestimadas in limine, 11 fueron desestimadas, 2 archivadas por el paso del tiempo y 3 permanecen abiertas.
La ACIJ analiza en detalle 4 de las presentaciones. El ex consejero Pablo Tonelli (PRO) lo denunció por una presunta omisión en su declaración jurada patrimonial. Según el denunciante, Lijo adquirió en 2010 el haras “La Generación” pero no lo incluyó en sus declaraciones juradas. El Consejo cerró la investigación porque el haras estaba a nombre de Alfredo Lijo, hermano del juez.
Por su parte, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires lo denunció por la omisión de ordenar declaraciones indagatorias en diversos casos de corrupción. El Consejo lo desestimó por no encontrar irregularidades significativas.
En tanto, el abogado Adrián Bastianes lo denunció por su actuación en la causa Ciccone, en la que fue condenado el ex vicepresidente Amado Boudou. Su presentación fue desestimada sin tratamiento. Además, los diputados nacionales de la Coalición Cívica Paula Oliveto y Juan Manuel López lo denunciaron por su actuación en la causa Siemens. Tras una serie de pruebas, el Consejo lo desestimó.
4) Una causa por asociación ilícita en la que resultó sobreseído
En 2018, Elisa Carrió lo denunció penalmente por asociación ilícita, lavado de dinero, coimas y tráfico de influencias. También incluyó en esa denuncia a su hermano Alfredo, al ex camarista Eduardo Freiler, el ministro de Planificación Federal Julio de Vido y a su ex secretario privado, José María Olazagasti.
El juez federal Julián Ercolini sobreseyó a los acusados y Franco Picardi, el fiscal de la causa, no apeló el cierre de la investigación, por lo que quedó firme el sobreseimiento. Una de las curiosidades de este expediente es que los hermanos Lijo fueron patrocinados por el estudio jurídico del abogado Mariano Cúneo Libarona, actual ministro de Justicia del gobierno que postuló a Lijo como candidato a la Corte.
De acuerdo con su última declaración jurada, presentada en 2023 y con detalle de su patrimonio hasta fines de 2022, Lijo posee bienes inmuebles por un valor fiscal de $ 10,3 millones. En realidad, se trata de un lote en Hudson, Berazategui, adquirido en 2010, y una serie de mejoras realizadas sobre este mismo inmueble desde 2011 en adelante.
Por otra parte, declaró ahorros (en efectivo y en cuentas bancarias) por $ 11 millones y US$ 40 mil. E informó una deuda hipotecaria con el Banco de la Provincia de Buenos Aires por $ 378 mil.
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