*Estas reflexiones tienen más de una década.
Desde antaño, se conoce a esta capital, como “La Ciudad Cordial”, como distintivo característico y motivo de orgullo ciudadano. Lamentablemente este blasón ha ido perdiendo su galanura, en mérito a errores cometidos, falta de previsión y por la ausencia de una gestión ambiental racional, de larga data.
La década neoliberal del 90, y su inercia nefasta, mutó las reglas del planeamiento urbano, desertando el Estado municipal de una función indelegable, sentando las bases de previsibles desastres futuros, que ojalá no ocurran, y den por tierra con mis apreciaciones pesimistas, en beneficio de todos.
El informe “Geo Argentina 2004″, decía: “La gestión urbanística de nuestras ciudades sufrió dificultades derivadas de la casi inexistente planificación de mediano y largo plazo y del recorte de las funciones estatales”. Las normas urbanas terminaron por aplicarse solo a la clase media ya que “El mercado solía eludir o manipular el control normativo en la producción de hábitat para los sectores socioeconómicos altos, en tanto los sectores bajos no podían cumplimentarlo por su incapacidad económica”; resultando “baja calidad ambiental de grandes sectores urbanos” y “la inexistencia o mínima provisión de servicios”. Cualquier similitud con lo que ocurre en Santa Fe, es pura coincidencia.
No se puede desconocer que en la ciudad se estén produciendo hechos preocupantes y cada vez más reiterativos, cuyas causas deberán determinar con precisión los especialistas de la ciencia competente. Pero, mientras aguardamos esos dictámenes, expreso algunas sospechas sobre el origen de aquellos impactan negativamente.
Se puede afirmar que la ciudad fue construida sobre terrenos bajos, inundables y una gran parte de ellos ganados al río por rellenos, en la confluencia del Salado con los humedales del Paraná.
En suelos inestables, con napas y acuíferos casi superficiales, se desarrolló en más de 400 años una ciudad de casas mayoritariamente chatas, que se mantuvo, salvo excepciones, inalterable hasta hace poco, en que la especulación inmobiliaria consolida la hegemonía de la rentabilidad y desde allí, los edificios en altura surgen como hongos después de la lluvia, sin evaluación de impacto ambiental (EIA) previa e integral, que mensurara las consecuencias indeseables que ello podría acarrear a la ciudad.
La falta de previsión y prevención, el aumento de la densidad poblacional en el microcentro, el deterioro de servicios sanitarios, con pronóstico de agravamiento y el nulo manejo de las cuencas subterráneas llevaron a la aparición, en forma reiterada, de cantidad de socavones de magnitud y dimensiones crecientes, que trastocan el paisaje vial urbano, agravando el ya desmadrado tránsito local.
Esos servicios, con redes de décadas de antigüedad, más allá de los mantenimientos y reparaciones, presentan falencias y por la demanda creciente y la mayor presión de bombeo, traen como lógica consecuencia, roturas de caños, con pérdidas de líquidos y hundimiento de suelos.
El Arq. Osvaldo Guerrica Echevarría, decía: “Las fundaciones de los edificios en altura implican excavaciones de varios metros de profundidad que sobrepasan largamente las dos primeras napas de agua. Es a través de estas napas que los terrenos aún absorbentes acumulan agua y la envían al estuario. La red de bases de hormigón construidas, constituyen un verdadero dique a la evacuación del agua, retrasando y muchas veces impidiendo el escurrimiento”.
Posiblemente estos diques subterráneos, desvíen los acuíferos hacia nuevos cauces que corran contiguo a ductos y cañerías, produciendo su descalce y los consecuentes socavones, que pagaremos todos, por el dejar hacer, dejar pasar, en materia urbanística.
Pese a la vigencia de la Ley Nacional N° 25675, que dispone: Cumplir una gestión sustentable y adecuada de preservación, conservación y recuperación del ambiente. Previniendo efectos nocivos o peligrosos de actividades antrópicas. Estableciendo mecanismos adecuados para la minimización de riesgos y emergencias ambientales y la recomposición de daños. Y que toda obra o actividad susceptible de degradar el ambiente estará sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental previo, que deberán ser autorizados o rechazados por las autoridades. Las calamidades ocurren.
Es evidente que poco de lo prescripto se ha cumplido, menos la obligación de informar ambientalmente a la comunidad mediante audiencias públicas como instancias “obligatorias” para la autorización de actividades que puedan generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente.
Espero que se tomen las previsiones del caso, que eviten tener que llorar sobre la leche derramada, en este caso el agua.
NOTA: Ricardo Mascheroni
