La diputada provincial Sofía Brambilla presentó un proyecto de ley para crear un
organismo técnico permanente en el ámbito del Poder Legislativo, que evaluará el impacto
fiscal de cada iniciativa antes de su tratamiento parlamentario.
La propuesta apunta a un problema concreto y conocido del trabajo legislativo: la
aprobación de normas que crean gasto público o reducen recursos sin una estimación
precisa de su costo ni una identificación clara de las fuentes de financiamiento.
“Necesitamos legislar con pleno conocimiento del impacto económico de nuestras
decisiones. La responsabilidad fiscal no es una opción, es una obligación con los
correntinos”, sostuvo Brambilla al fundamentar la iniciativa.
Cómo funcionará
Todo proyecto de ley que implique creación o incremento de gasto, reducción de recursos
o cualquier efecto fiscal deberá ser remitido a este nuevo organismo, que contará con 20
días hábiles para emitir un informe técnico de impacto presupuestario. Los informes serán
obligatorios en su emisión pero no vinculantes en su contenido, preservando la
potestad decisoria de los legisladores, y de acceso público a través de los sitios web
oficiales de ambas Cámaras.
Un organismo con respaldo técnico e independencia
Estará a cargo de un Director General designado por concurso público de oposición y
antecedentes, con un Comité Evaluador integrado por representantes de ambas
Cámaras, la Universidad Nacional del Nordeste y el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Provincia. El cargo durará cinco años y exigirá título universitario en
ciencias económicas y experiencia comprobada en materia presupuestaria, fiscal o de
políticas públicas.
El proyecto también crea una Comisión Bicameral de Asuntos Presupuestarios
encargada de supervisar su funcionamiento y aprobar el plan anual de trabajo.
Antecedente nacional
La iniciativa se inspira en la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación, creada
por la Ley 27.343, adaptando sus principios a la realidad institucional de Corrientes.
“Fortalecer al Poder Legislativo con herramientas técnicas propias es reducir la
asimetría con el Ejecutivo y mejorar la calidad de nuestras leyes. Es un paso hacia
una legislación más responsable, informada y sustentable”, concluyó Brambilla