El poder que privilegia la productividad y la rentabilidad, ha decidido que todos aquellos que somos parte del grupo de los viejos, jovatos, ancianos, mayores, los de la tercera edad, decrépitos, vejetes o como gusten llamarnos, son descartables y un costo social, que generan una una crisis de sostenibilidad.
Por ese paradigma y más allá de los discursos y la preocupación hipócrita y cínica, han iniciado una metódica escalada, para sacarse de encima esta pesada carga y jodernos la
vida, que se expresa en las siguientes acciones:
Ajuste a la baja en pensiones y jubilaciones.
Reducción de servicios y encarecimiento de costos de la salud pública y privada
Ausencia de residencias o viviendas para dicho sector.
Obligación de uso de dispositivos tecnológicos para los que la mayoría del sector no se encuentra preparado, para la realización de todos sus trámites, con todos los riesgos que ello implica en su vida y en sus bienes.
Parecería que dicha franja etaria somos el grupo de los “sin esperanzas”, sin derecho a la salud, a la previsión y beneficios sociales, a la alimentación, mucho menos a seguir viviendo con dignidad humana.
Estamos inmersos en un neomalthusianismo que favorece la desvalorización de los ancianos, que ve en el aumento de la esperanza de vida y la población envejecida, una presión insostenible para las pensiones, la salud pública y el consumo de recursos de un planeta con límites físicos.
Estas políticas son las que aplica el Gobierno, en cumplimiento del mandato supremo de reducción poblacional y que viola la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que ampara los derechos humanos y libertades de la persona mayor, la que tiene jerarquía constitucional.
La convención en otras cosas dispone:
• La promoción y defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor.
• La valorización de la persona mayor, su papel en la sociedad y contribución al desarrollo.
• La dignidad, independencia, protagonismo y autonomía de la persona mayor. La igualdad y no discriminación.
• La participación, integración e inclusión en la sociedad. El bienestar y cuidado.
• La seguridad física, económica y social. La autorrealización.
• La equidad e igualdad de género.
• La solidaridad y fortalecimiento de la protección familiar y comunitaria.
• El buen trato y la atención preferencial. La protección judicial efectiva.
• La responsabilidad del Estado y participación de la familia y de la comunidad en la integración de la persona mayor, así como en su cuidado y atención, de acuerdo con su legislación interna.
Por lo expuesto y porque lo viejo sirve, debemos actuar en defensa propia y de las generaciones futuras.
Mascheroni-2026
